«AUSTRALIA BUSCA ELIMINAR ALGORITMOS DE LAS REDES SOCIALES»
Australia prepara una nueva y ambiciosa reforma para aumentar el control sobre las grandes plataformas digitales y reducir los riesgos que sus servicios pueden provocar, especialmente entre niños y adolescentes. El Gobierno del primer ministro Anthony Albanese presentó el proyecto denominado «My Feed, My Way», que podría traducirse como «Mi muro, a mi manera», mediante el cual los usuarios mayores de 16 años tendrían el derecho de decidir cómo desean recibir el contenido en sus redes sociales.
La propuesta obligaría a plataformas como Facebook, Instagram, TikTok y otras redes alcanzadas por la regulación australiana a informar claramente a sus usuarios que pueden desactivar las recomendaciones automatizadas. Quienes elijan esa alternativa podrían acceder a un muro compuesto principalmente por las publicaciones de las personas, páginas, grupos y creadores que hayan decidido seguir, sin depender exclusivamente de los contenidos seleccionados por los algoritmos.
Actualmente, los algoritmos de recomendación analizan datos como los videos observados, las publicaciones compartidas, las búsquedas realizadas, el tiempo de permanencia frente a determinado contenido y las interacciones anteriores. Con esa información, las plataformas construyen perfiles de intereses y muestran publicaciones destinadas a prolongar el tiempo de uso. El Gobierno australiano considera que este sistema puede exponer repetidamente a las personas a materiales perjudiciales, extremos o adictivos, incluso cuando inicialmente no los buscaron de manera directa.
La medida no eliminaría los algoritmos ni impediría que las personas continúen utilizando un muro personalizado. Cada usuario podría escoger entre mantener las recomendaciones automatizadas o cambiar a una experiencia basada en las cuentas que sigue voluntariamente. La finalidad declarada por el Ejecutivo es devolverles capacidad de decisión a los ciudadanos y evitar que las compañías tecnológicas impongan una sola forma de consumir información.
Las plataformas también tendrían que notificar esta posibilidad tanto a los nuevos usuarios como a quienes ya posean una cuenta. La opción de modificar el muro deberá presentarse de forma comprensible y accesible, sin ocultarla dentro de configuraciones difíciles de localizar. El Gobierno busca impedir que las empresas utilicen diseños confusos o procesos innecesariamente complicados para desalentar la desactivación de sus sistemas de recomendación.
La propuesta forma parte de una iniciativa más amplia denominada «deber de cuidado digital». Bajo este principio, las compañías tecnológicas tendrían la obligación legal de tomar medidas razonables para prevenir daños graves y previsibles relacionados con el funcionamiento de sus servicios. Ya no sería suficiente que una plataforma actúe únicamente después de recibir una denuncia: también debería identificar los riesgos de sus productos, evaluar cómo podrían afectar a los usuarios y aplicar medidas preventivas.
El proyecto pondrá especial atención en la protección de los menores de 18 años. Las compañías deberán establecer sistemas para disminuir la exposición de niños y adolescentes a contenidos vinculados con pornografía, trastornos alimenticios, conductas peligrosas, misoginia, violencia, glorificación del crimen, autolesiones y problemas graves de salud mental. También deberán examinar las características de diseño que pueden fomentar un uso compulsivo o perjudicar la autoestima de los usuarios jóvenes.
La regulación no se limitaría exclusivamente a las redes sociales tradicionales. El nuevo deber de cuidado podría alcanzar otros servicios digitales utilizados por los australianos, entre ellos plataformas de videojuegos en línea y productos basados en inteligencia artificial, como los asistentes conversacionales. Cada compañía deberá evaluar los riesgos propios de sus sistemas y demostrar que adoptó acciones razonables para mitigarlos.
El regulador eSafety sería el organismo responsable de vigilar el cumplimiento de las nuevas disposiciones. Sus competencias se ampliarían para investigar las decisiones internas de las plataformas, solicitar documentos, examinar sus sistemas de seguridad y determinar si tomaron medidas suficientes para proteger a los usuarios. También podría exigir respuestas a ejecutivos y especialistas técnicos sobre el funcionamiento de sus servicios y los mecanismos empleados para reducir los riesgos.
El proyecto contempla además una mayor capacidad para ordenar la rápida retirada de contenidos ilegales o nocivos. Esta disposición buscaría evitar que publicaciones potencialmente peligrosas permanezcan disponibles durante largos periodos mientras las empresas analizan una denuncia. El alcance concreto de estas facultades todavía deberá definirse durante la discusión legislativa y en las normas que acompañen la aplicación de la futura ley.
Las empresas que incumplan el deber de cuidado digital podrían recibir multas de hasta 109,2 millones de dólares australianos, equivalentes a aproximadamente 79 millones de dólares estadounidenses. La elevada sanción pretende garantizar que las grandes corporaciones tecnológicas no consideren el incumplimiento como un costo menor de operación y que la protección de los usuarios ocupe un lugar central en el diseño de sus productos.
La propuesta todavía no es una ley vigente. El Gobierno australiano abrió un proceso para recibir observaciones de las plataformas digitales, organizaciones de la sociedad civil, representantes de la industria y especialistas en protección de menores. Después de esa etapa, el Ejecutivo espera presentar formalmente la legislación ante el Parlamento antes de que concluya 2026, donde deberá ser analizada, debatida y eventualmente aprobada.
Esta nueva ofensiva regulatoria llega después de que Australia pusiera en vigencia, el 10 de diciembre de 2025, la prohibición de acceso a determinadas redes sociales para menores de 16 años. La norma responsabiliza a las plataformas de adoptar medidas razonables para impedir que los menores incluidos en esa franja de edad mantengan cuentas activas. No establece sanciones para los niños ni para sus padres, sino para las empresas que no cumplan con la obligación de restringir el acceso.
Entre las plataformas alcanzadas por la prohibición se encuentran Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Reddit, X, Threads, Twitch, Kick y YouTube, aunque la lista puede modificarse dependiendo de la evolución de los servicios digitales. De acuerdo con eSafety, alrededor de 4,7 millones de cuentas correspondientes a menores de 16 años habían sido retiradas o bloqueadas en Australia hacia mediados de diciembre de 2025.
La restricción por edad y el nuevo proyecto tienen objetivos relacionados, pero funcionan de manera diferente. Los menores de 16 años tienen prohibido mantener cuentas en las plataformas reguladas, mientras que los usuarios que superen esa edad podrían escoger si desean recibir contenido seleccionado por algoritmos o visualizar principalmente las publicaciones de las cuentas que siguen. El nuevo deber de cuidado también ampliaría la responsabilidad de las empresas frente a los riesgos digitales que afectan a toda la población.
El primer ministro Anthony Albanese sostiene que la reforma busca trasladar parte del poder que actualmente concentran las compañías tecnológicas hacia los ciudadanos. Según el Gobierno, las empresas no deberían decidir de forma unilateral qué información recibe cada persona ni utilizar sistemas diseñados para mantenerla conectada sin ofrecerle una alternativa clara.
La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, calificó la iniciativa como parte de un ajuste de cuentas internacional con las grandes tecnológicas. Las autoridades australianas consideran que, al igual que sucede en otros sectores, las compañías digitales deben cumplir estándares mínimos de seguridad y responder legalmente cuando el diseño o el funcionamiento de sus productos genera riesgos previsibles.
Los defensores de la reforma creen que la desactivación de los algoritmos podría reducir la exposición repetitiva a publicaciones extremas, desinformación, discursos violentos o contenidos que afectan la salud mental. También sostienen que un muro basado en las cuentas elegidas por cada persona permitiría recuperar una experiencia más cercana al funcionamiento original de las redes sociales.
Sin embargo, la propuesta también ha generado cuestionamientos. Algunos sectores políticos y organizaciones defensoras de la libertad de expresión advierten que el aumento de las facultades del Gobierno y del regulador podría derivar en decisiones excesivas sobre qué contenidos deben retirarse. Otros especialistas señalan que ofrecer una opción para desactivar los algoritmos no garantiza que los usuarios la utilicen, especialmente si las plataformas mantienen activado el sistema automatizado como configuración inicial.
También existe preocupación por la forma en que las compañías podrían implementar la alternativa. Los críticos consideran que, si el acceso al muro no algorítmico queda escondido entre múltiples menús o requiere demasiados pasos, la libertad de elección sería solamente formal. Por esa razón, uno de los puntos centrales del debate será determinar si el sistema deberá estar desactivado inicialmente o si bastará con permitir que cada usuario lo apague.
La reforma australiana toma como referencia algunos principios de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, que también exige mayores niveles de transparencia y responsabilidad a las plataformas digitales. Australia, sin embargo, busca profundizar ese enfoque mediante una combinación de restricciones por edad, control de los sistemas de recomendación, prevención de daños y sanciones económicas considerablemente más altas.
Si la propuesta es aprobada, Australia volverá a ubicarse entre los países con las regulaciones digitales más estrictas del mundo. Después de restringir el acceso de los menores de 16 años a determinadas redes sociales, el país pretende intervenir directamente en uno de los elementos más poderosos de estas plataformas: los algoritmos que deciden qué publicaciones aparecen, en qué orden se muestran y con qué frecuencia son recomendadas.
La discusión legislativa determinará hasta dónde llegarán las obligaciones, qué servicios estarán sujetos a ellas y cómo se equilibrará la seguridad digital con la libertad de expresión. Por ahora, el proyecto marca un cambio importante en la relación entre los usuarios y las grandes compañías tecnológicas: por primera vez, estas empresas podrían quedar legalmente obligadas a ofrecer una alternativa clara a los sistemas automatizados que controlan buena parte de la experiencia cotidiana en internet.
